Miles de inmigrantes en alerta por
la propuesta de ‘carga pública’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com La propuesta del presidente Donald
(Foto: EFE)
La dura política anti inmigrante de Trump provoca temor y confusión en familias inmigrantes, que lo ven como una nueva amenaza
de deportación.
Aumentan comparecencias ante jueces migratorios
Por: Redacción
Leditorial@noticiali.com a nueva política del Gobierno
del presidente Donald Trump de
enviar ante jueces migratorios a
inmigrantes a los que se les deniega
una petición de estancia legal se amplía
y pone en riesgo de deportación
a centenares de personas, incluidas
víctimas de casos de trata de personas.
Siguiendo con las directrices dadas
por Trump, el Servicio de Ciudadanía
e Inmigración (USCIS) emite avisos de
comparecencia ante una corte de inmigración
(NTA, por su sigla en inglés) en
7 categorías.
Entre los nuevos afectados están
aquellas personas a las que se les negó
una solicitud por supuestamente
ser víctimas de trata de personas; cónyuges
de refugiados o asilados; viudos
de un ciudadano estadounidense;
padres maltratados de un ciudadano
estadounidense; o inmigrantes especiales,
como trabajadores religiosos u
organizaciones internacionales, entre
otros.
“Estos avisos (NTA) son el comienzo
de un proceso de deportación. Lo que
quiere el gobierno es sacar, o al menos
dejar sin opciones migratorias a la mayoría
de inmigrantes”, opinó el abogado
de inmigración Alex Gálvez.
La implementación de la orden de
la Administración inició el pasado 1 de
octubre con el llamado a presentarse
frente a un juez de inmigración a los
solicitantes rechazados bajo las formas
I-485 y I-539, que incluye a las peticiones
familiares de residencia permanente
y estudiantes autorizados que
intentaban cambiar de visa, pero este
lunes se amplió nuevamente.
Las voces de protesta no se han hecho
esperar, especialmente por el hecho de
poner entre los nuevos objetivos de deportación
a posibles víctimas de trata de
personas amparadas por la Visa U o la
concedida por la Ley de Violencia Contra
la Mujer (VAWA, por su sigla en inglés).
A pesar de la lluvia de quejas que
se han escuchado, USCIS no ha dado
marcha atrás y ahora sus agentes hacen
parte más activa de la fuerza de deportación
de la administración Trump,
estima la abogada de inmigración Esperanza
Franco.
La labor de los ofi ciales será decidir,
bajo su “discreción”, cuáles de los solicitantes
rechazados bajo las peticiones
I-914, I-914A, I-918, I-918A, I-360, I-730
y I-929 deberán presentarse frente a un
juez. Sin embargo, USCIS indicó en un
comunicado que dará prioridad a los
casos de personas con antecedentes
penales, fraude o que supongan una
amenaza para la seguridad nacional.
Trump de cambiar la regla
de carga pública, que ha regido
durante más de cien años para las personas
que reciben ayuda del Gobierno,
provoca temor y confusión entre las
familias inmigrantes, que lo ven como
una nueva amenaza de deportación.
Entre ellas se encuentra Elsa, una
uruguaya que tiene dos hijos ciudadanos,
uno de ellos discapacitado, que
reciben atención médica a través del
programa Medicaid, además de ayuda
para la alimentación. “Siento terror de
perder los benefi cios, pero también de
que un día se aparezca inmigración en
mi casa y se termine para todos en mi
familia el ‘sueño americano’”, declaró.
Elsa, que es indocumentada, podría
encontrarse en la disyuntiva de tener
que rechazar la ayuda gubernamental
que tanto necesitan sus hijos, si en algún
momento intenta regularizar su
estatus, pero el mismo miedo lo sienten
muchos inmigrantes con los papeles
en regla.
Según el anuncio del Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) del 10 de
octubre, lo que se buscaría es difi cultar
a los inmigrantes la obtención de la residencia
permanente (“green card”) si
se benefi cian de cupones de alimentos,
atención médica gratuita o ayuda en
efectivo, pues serían vistos una “carga
pública” para el estado.
La primera reacción de los inmigrantes
con hijos ciudadanos ha sido renunciar
a los benefi cios casi en masa,
poniendo en riesgo la atención médica
y la alimentación de esos niños que, en
su mayoría, viven por debajo de la línea
de pobreza y necesitan ayuda.
La mitad de las 130 organizaciones
que integran la coalición ICIRR ayuda
a familias inmigrantes a obtener recursos,
y todas han informado sobre una
retracción en las solicitudes de cupones
de alimentos, al igual que subsidios para
medicamentos de receta, vivienda
pública y ayuda para pagar la renta. El
impacto lo han sentido los bancos de alimentos
de 18 estados, entre ellos Nueva
York, California, Texas, Florida e Illinois.
Un estudio realizado por el Centro
Médico de Boston señala que 35.000
madres que recibían cupones de alimentos
a través del programa federal
SNAP se dieron de baja recientemente
y la cifra aumenta.
Esta fuga se produce no porque haya
habido cambios en las reglas de elegibilidad
sino por el temor existente entre las
familias sobre las potenciales repercusiones
de esa ayuda en sus futuros planes
de legalizar su situación migratoria.
La mayoría de los usuarios de cupones
de alimentos son ciudadanos
estadounidenses, en su mayoría niños
y ancianos.
Unos 9 millones de usuarios son inmigrantes
legales o niños ciudadanos
con padres nacidos fuera del país.
Estimaciones del DHS anticipan que
el 2,5 % de los inmigrantes que viven
en los EE.UU, más de 500.000 personas,
podrían borrarse de programas
públicos debido al cambio propuesto.
Gran parte de la confusión se debería
a la mala información que circula
entre las diferentes comunidades de
inmigrantes, donde se ha llegado a
afi rmar que el Gobierno estaría listo
para negar la residencia a quienes soliciten
benefi cios. “Esto es equivocado,
solamente hay una propuesta para
cambiar la regla”, afi rma Dagmara
López de ICIRR.
6 • NOVIEMBRE 29, 2018 INMIGRACIÓN
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