Peligra la residencia permanente para
inmigrantes que reciban asistencia pública
Por: Redacción
Eeditorial@noticiali.com l Gobierno de Donald Trump propuso
una nueva reglamentación
para que a los inmigrantes que
reciben legalmente benefi cios públicos,
como la asistencia alimentaria
y los vales de vivienda, se les pueda
negar la residencia permanente.
La medida podría obligar a millones
de inmigrantes pobres que dependen
de la asistencia pública para alimentos
y vivienda a hacer una elección difícil
entre aceptar ayuda fi nanciera o lograr
la residencia permanente, conocida
como “Green Card” (tarjeta verde) para
vivir y trabajar legalmente en Estados
Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional,
Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado
que la medida es acorde con la
ley vigente.
“De acuerdo con la ley federal de larga
data, aquellos que buscan inmigrar a
Estados Unidos deben demostrar que
pueden mantenerse económicamente”,
apuntó.
“El Departamento se toma en serio su
responsabilidad de ser transparente en
sus reglamentaciones y está dando la
bienvenida al comentario público sobre
la regla propuesta”, añadió.
Según Nielsen, esta reglamentación
implementará una ley aprobada por el
Congreso con “la intención de promover
la autosufi ciencia de los inmigrantes
y proteger los recursos limitados”
garantizando que “no se conviertan
en una carga para los contribuyentes
estadounidenses”.
Los inmigrantes de la tercera
edad, muchos de los cuales obtienen
medicamentos recetados a bajo costo a
través de programas subsidiados, también
podrían verse obligados a dejar
esas ayudas o arriesgarse a ser considerados
“carga pública”, lo que no les
permitiría obtener el estatus de residente
legal.
La regulación, que según la administración
afectaría a unas 382,000 personas
al año, es la más reciente de una
serie de medidas enérgicas del presidente
estadounidense Donald Trump
y sus asesores de línea dura sobre inmigración
legal e ilegal.
Aunque la medida no pretende afectar
a los inmigrantes a quienes ya se les
han otorgado residencia permanente,
los defensores de los derechos de los
migrantes temen que incluso ellos dejen
de usar los benefi cios públicos para
proteger su estatus migratorio.
(Foto: EFE)
Reglamento sobre “carga pública” negaría la “Green Card” a quienes se benefi cian con cupones de comida, Sección 8, Medicaid o
Medicare.
Juez dispuesto a fi rmar un
acuerdo para reunifi car familias
Por: Redacción
Eeditorial@noticiali.com l juez federal que preside las
demandas colectivas en nombre
de las familias inmigrantes que
fueron separadas en la frontera sur
insinuó que el caso se encamina a un
“cierre signifi cativo en un futuro no
muy lejano”.
En una audiencia en una corte federal
de San Diego (California), el magistrado
Dana Sabraw señaló que de
no haber objeciones a un acuerdo
preliminar alcanzado entre ambas partes
procedería a rubricar la versión defi
nitiva “cuanto antes”.
La semana pasada, Sabraw aprobó
de forma preliminar un acuerdo por
el que el Gobierno de EE.UU. reconsideraba
unas mil solicitudes de asilo
presentadas por inmigrantes que tenían
una orden de deportación luego
de ser detenidos en la frontera como
resultado de la política de “tolerancia
cero” contra la inmigración ilegal.
Los abogados del Departamento de
Justicia (DOJ) señalaron que si bien no
han iniciado dicho proceso trabajan
para proceder con ello una vez los benefi
ciados confi rmen si desean pelear
su caso de asilo u optan por regresar
a su país.
Una vez que esto suceda, el juez supervisaría
nuevamente el proceso para
que todos los interesados reciban una
nueva entrevista como parte del proceso
de solicitud de asilo.
Sabraw, quien preside las tres demandas
colectivas entabladas a nombre
de niños y padres inmigrantes separados,
notó que algunos padres cuyos
hijos siguen al cuidado del Gobierno
todavía no han sido localizados por lo
que urgió a que en las próximas semanas
la totalidad de ellos estén al tanto
de sus opciones.
El pasado 26 de junio, el juez Sabraw
emitió una orden para que en un plazo
determinado la Administración federal
reunifi que a las familias inmigrantes
separadas en la frontera sur tras la referida
política migratoria. A casi tres
meses de dicha orden, el Gobierno ha
reunido a 2.251 de los 2.654 menores
que fueron alejados de sus familiares.
6 • SEPTIEMBRE 27, 2018 INMIGRACIÓN
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