8 • 19 DE NOVIEMBRE 2020 LOCAL
Familia hispana sufre cortes de agua,
de electricidad e intentos de desalojo
Por: Redacción
Leditorial@noticiali.com a crisis del coronavirus sigue
golpeando fuerte en Long Island,
sobre todo a comunidades inmigrantes
y de minorías quienes además
de estar expuestas a un mayor riesgo
de contagio, afrontan necesitades
alimentarias, de salud o de vivienda
asequible por la falta de ingresos
económicos o la pérdida de puestos
de trabajo debido al COVID-19.
En esta situación de vulnerabilidad
sobrevive una familia hispana que por
atrasarse en el pago de la renta del departamento
que alquilan en Franklin
Square, denuncian que son víctimas
de represalias, amenazas e intentos de
desalojo ilegal de parte del arrendatario,
sufriendo en plena pandemia los cortes
de servicios básicos de agua, de energía
eléctrica (por varios meses), y lo que
es peor, recibiendo insultos discriminatorios
al exigirles el pago del alquiler.
“Me han cortado el agua dos veces,
justo la semana pasada me la volvió
a cortar otra vez y me tuvieron como
8 días sin agua”, se queja la inquilina
Brenda Castillo, inmigrante oriunda de
Guatemala y madre soltera de 4 hijos
nacidos en Estados Unidos, quien se
dedicaba a limpiar casas pero a raíz
del coronavirus perdió su empleo y así
comenzó a padecer esta terrible pesadilla.
“La situación económica mía
no es muy buena ... Ahora estoy haciendo
un part-time en 7-Eleven pero
no es nada lo que gano”, nos confi esa
Castillo quien teme ser desalojada de
donde vive.
Cabe indicar que el departamento de
Castillo se ubica en un segundo piso
sobre unas ofi cinas, tiene goteras en
tuberías y techos, un baño con moho
(Foto: Cortesía BC)
Brenda Castillo, inmigrante guatemalteca
y madre de 4 hijos estadounidenses,
denuncia abuso y discriminación en
medio de la pandemia.
(hongos) por la fi ltración de agua, ventanas
defectuosas y presencia de cucarachas
grandes. “Ella (la propietaria de
origen italiana-americana) no arregla
nada, el departamento está en malas
condiciones”, señala Castillo. “La estufa
no me sirve hace un año y medio, tuve
que comprarme una hornillita eléctrica
para poder cocinar. A ella (la dueña) no
le importa eso, no le interesa ... solo
quiere el dinero de la renta”.
En medio del problema, Castillo se
siente muy afectada por lo duro que
es juntar los 2100 dólares de renta que
paga al mes y ya está debiendo varios
meses. “Yo sufro problemas de salud,
diabetes, alta presión. Yo caí mal, terminé
en el hospital, con stress por el
miedo de ir a parar a la calle con mis
hijos”, afi rma.
La inquilina guatemalteca vive con
un hijo menor de edad (17 años cumplidos)
estudiante de secundaria -de
forma virtual desde casa-, una hija de
20 años con necesidades especiales,
y dos hijos jóvenes que también perdieron
sus trabajos por el COVID-19,
aunque recientemente ellos cuentan
con empleo temporal y le ayudan a su
mamá pero no es sufi ciente.
Castillo, quien no cuenta ni con residencia
permanente ni con TPS que
la proteja, nos dice que ha cambiado
las chapas de la puerta del departamento
que habita por temor a más
represalias. Justo la semana pasada
el hermano y el padre de la dueña
llegaron a pedirle las nuevas llaves
con el pretexto de hacer reparaciones
“cuando ellos quisieran” pero la inquilina
centroamericana se negó a entregárselas
recibiendo a cambio insultos
racistas y encima le cortaron el agua
de forma abusiva.
Mediación de la policía
Ante la desesperante situación, Castillo
se contactó con Ana Poppe, de Long
Island Housing Services, quien ha sido
como un ángel salvador para asesorarla
y ayudarle a restablecer los servicios
cortados. “Este caso escaló hasta la ofi -
cina del Comisionado Ryder, de la Policía
del condado de Nassau, quien designó
un sargento que manejó muy bien
la situación y la inquilina quien estaba
por meses sin agua y sin electricidad
(siendo ella la titular de la cuenta de
la luz) por una desconexión arbitraria
del dueño de casa como método para
desalojarla”, indica Poppe, consultora
de vivienda certifi cada por HUD.
“Con la pandemia de por medio, hemos
recibido muchas quejas y el denominador
siempre es la desinformación.
Tanto inquilinos como dueños de casa
no saben sus derechos y responsabilidades,
sobre todo en nuestra comunidad
que por las barreras culturales o
del idioma, nos hacen más vulnerables”,
enfatiza.
Según Poppe el dueño de casa está
en su derecho de demandar un plan de
pago o llevar a corte donde manifi este
si quiere continuar el inquilinato bajo
un acuerdo de pagos o si prefi ere el desalojo
de la inquilina y acordar un plan
de pagos del monto adeudado. Pero en
este caso de Castillo, el propietario del
departamento no ha tomado ninguna
acción legal ni ha tenido tolerancia ante
la situación delicada que todos atravesamos
por la pandemia del COVID-19.
Al contrario, decidió proceder al corte
ilegal de servicios de agua y electricidad.
La ley dice que estas son razones
sufi cientes para llamar a la policía por
un desalojo ilegal.
Por ahora, Brenda Castillo pide más
tiempo para resolver el problema con el
alquiler, poder juntar dinero y no volver
nunca más a sufrir el drama, los gritos
y la intimidación, sobreviviendo como
sea sin tener agua ni luz en medio del
coronavirus.
(Foto: Cortesía BC)
Así es la situación calamitosa del departamento que alquila Castillo en Franklin Square.
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