LOCAL 24 DE OCTUBRE 2019 • 9
Instan a inmigrantes a no tener miedo e
informarse en el tema de “carga pública”
Por: Sandra Pizarro Torres
editorial@noticiali.com “Los temas legales son tan
importantes, las personas
no pueden basarse en lo
que les dicen los demás, o el vecino.
Cada caso es diferente. Cada persona
debe buscar ayuda legal”, destacó
Keiko Cervantes-Ospina, abogada de
la organización Defensores legales comunitarios
de NY (Community Legal
Advocates of NY) y una de las cuatro
panelistas que hablaron en vivo para
Noticia sobre el polémico tema
de “carga pública” el jueves 17 de
octubre.
Junto a ella también participaron
de la conversación exclusiva:
Cheryl Keshner, paralegal de Empire
Justice Center; Victoria Hernández,
organizadora de SEPA Mujer
y Osman Canales, director de
servicios en español del Centro de
Long Island por una Vida Mejor, Inc.
(Long Island Center for Independent
Living, Inc.- LICIL), quienes
dejaron un mensaje en claro: “Las
personas no deben temer ante los
cambios propuestos por la Administración
Trump en cuanto a los
beneficios públicos”.
“La nueva medida fue paralizada
por dos jueces federales que
emitieron una orden de influencia
nacional para evitar la entrada
en vigor el 15 de octubre de la ley
referente a la carga pública”, dijo
la abogada Cervantes-Ospina. Sin
embargo, recalcó que a la hora de
ajustar la residencia siempre el
gobierno de los Estados Unidos
ha mirado que las personas no se
vayan a convertir en una “carga
pública” para el país, y que eso no
solo lo determinan las ayudas que
recibe, sino también si tiene buena
salud, si trabaja, si sabe inglés,
entre otros factores que son analizados
en casos independientes.
“La gente debe saber que la ley de
carga pública siempre ha existido
pero solo consideraba asistencia
en efectivo (TANF, SSI) o Medicaid
(no por emergencia). El gobierno
quiso implementar en esta norma
los Cupones por Alimentos (SNAP)
y la Sección 8”, explicó.
Miedo a pedir benefi cios
Para Keshner aunque la ley fue
detenida, aún se percibe temor
dentro de los inmigrantes. “La orden
está detenida y las personas
que lo necesitan pueden seguir
aplicando para beneficios porque
no les va a afectar. De igual manera,
hay equivocación con el tema
del WIC (beneficios para mujeres
y niños), este beneficio es estatal y
no afecta en un futuro a las personas
que quieran ajustar un estatus
legal”, recalcó.
Keshner también insistió que los
inmigrantes que necesiten ir al hospital,
al médico y aplicar para un
Medicaid de emergencia, lo pueden
hacer porque no afectaría en un futuro
su legalización. “El Medicaid
de emergencia no cuenta en este
cambio, aunque procediera”, indicó.
Por su parte, Canales agregó que
“las personas no deben tener miedo
de ir al departamento de servicios
sociales a pedir ayuda o beneficios,
ellos no pueden por ley compartir
información con ningún otro departamento,
ni con inmigración”,
recalcó.
A su vez, Victoria Hernández, organizadora
de SEPA Mujer afirma
que desde un principio su organización
ha trabajado para educar a la
comunidad ante este tema de carga
pública y además firmar cartas que
presionen al gobierno a desistir de
estos cambios, pero se han encontrado
con una comunidad confundida
ante el asunto. “Sin entrar los
cambios en vigor las personas ya
estaban asustadas, ya no querían o
quieren aplicar para beneficios por
temor a que el día de mañana sean
rechazados para una residencia, y
ese miedo continúa”, declaró.
Hijos ciudadanos
tienen derechos
“Tenemos en la comunidad familias
con estatus legales variados,
pero el caso del padre no afecta al
hijo ciudadano, ni lo que beneficie
al hijo afecta la legalización del padre”,
enfatizó la abogada Cervantes
Ospina. Según estos especialistas
en trabajo comunitario, los
padres se están limitando de pedir
ayuda para sus hijos por la idea
equivocada de que ellos se afectarían,
olvidando que los ciudadanos
tienen todo el derecho de pedir
beneficios federales y estatales.
“Como director de servicios en
español nosotros ayudamos a las
personas a aplicar para beneficios
y desde que se empezó a mencionar
el tema de carga pública, algunos
casos de padres con hijos ciudadanos
manifestaron tener miedo y
querer cortar los cupones de alimentos
o el Medicaid de su hijo para que
no le afecte a ellos”, señaló Canales.
(Foto: Noticia)
De izq. a der.: Keiko Cervantes-Ospina, abogada de Community Legal Advocates of NY; Cheryl Keshner, paralegal de Empire Justice
Center; Victoria Hernández, organizadora de SEPA Mujer; y Osman Canales, director de Servicios en Español en LICIL.
Buscar ayuda adecuada
Aunque los cambios en la
norma de carga pública están
detenidos por ahora, el gobierno
de EE.UU. va a apelar, la
respuesta puede ser rápida o
tomar tiempo, pero el consejo
fi nal de los especialistas es que
las personas que tienen dudas
busquen asesoría legal o apoyo
de organizaciones comunitarias.
“Es más confi able por la guía de
las organizaciones comunitarias
porque nosotros estamos en
comunicación constante y
podemos saber quien lo ayude”,
dijo la activista Hernández.
“Hay abogados que abusan de la
comunidad latina y es importante
que la gente busque la ayuda
indicada”, resaltó Canales.
“Estamos para ayudarlos, ese es
nuestro objetivo, las personas
se pueden comunicar con
nosotros y ser orientadas de
una manera honesta”, remarcó
Keshner. “Cada persona debe
informarse con alguien que tiene
una reputación ética y ver lo
que es mejor para ellos, porque
una sola cosa puede cambiar por
completo el trámite legal de una
persona”, puntualizó la abogada.
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