6 • 6 DE FEBRERO 2020 INMIGRACIÓN
El 24 de febrero entra en vigor la regla de ‘carga pública’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com El gobierno del presidente Donald
El significado de la nueva regulación de Carga Pública
que entrará en vigor el 24 de febrero del 2020
La nueva definición de carga
pública afectará a las personas que
estén solicitando para residencias,
para visas en el extranjero, para
extensión de sus visas o cambio
de estatus. No les impacta a los
solicitantes de asilo, peticiones de
violencia domestica (VAWA), visas para
jóvenes abusados o abandonados (SIJ)
y visas U, entre otros.
La definición de carga pública se ha
ampliado para incluir otros beneficios
públicos recibidos por el solicitante
durante 12 meses dentro de un
periodo de 36 meses. La nueva regla
no es retroactiva y entrará en vigor
para todos los que soliciten a partir
del 24 de febrero del 2020. Aunque
las personas no hayan recibido
ningún beneficio público tienen otros
asuntos de que preocuparse ya que
USCIS tomará en consideración otros
factores mencionados adelante.
El concepto de “carga pública” no
es nuevo ya que el gobierno siempre
ha considerado que el solicitante no
sea dependiente del gobierno. Antes
si el peticionario no tenía suficiente
ingreso para pedir al inmigrante era
suficiente si buscaba un patrocinador
que lo apoye, ahora este será solo
uno de los factores que el servicio
de inmigración consideraría.
Será un análisis de la “totalidad
de las circunstancias” y para esto
considerarán factores negativos y
positivos dentro de las siguientes
categorías: 1) La edad del solicitante,
favoreciendo a los que tienen más
de 18 y menos de 65; 2) la salud
del solicitante si es que requiere de
un tratamiento médico extensivo
como factor negativo, que lo podría
resolver si tiene seguro médico o
poder pagarse su tratamiento; 3) el
tamaño de la familia; 4) los recursos
económicos del hogar; 5) el nivel de
educación, de inglés y destrezas;
6) estatus migratorio; y 7) que el
patrocinador preferiblemente sea un
familiar o alguien cercano.
Los beneficios que inmigración
considerará en su nueva definición
serán: SSI, TANF, asistencia en
efectivo, SNAP (food stamps),
Sección 8 de vivienda y renta
y Medicaid (federal). Existen
excepciones para el Medicaid
de emergencia, para mujeres
embarazadas y menores de 21
años. Es importante recalcar de
qué los beneficios que reciben sus
hijos ciudadanos no se tomarán en
cuenta, pero si serán un factor que
considerarán en su análisis. Para más
información llame al 1(718)478-8583.
Ana Maria Bazan, ESQ.
PUBLIREPORTAJE
Trump aplicará desde el 24 de
febrero la regla de “carga pública”
por la cual puede negar la residencia
legal permanente (“green card”) a los
inmigrantes que reciban benefi cios públicos,
según un anuncio del Servicio
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El Tribunal Supremo de Justicia dio luz
verde al Gobierno para que aplique la
norma de “carga pública”, una decisión
que encendió de inmediato las críticas
de organizaciones civiles.
Con una votación de 5-4 en la que
prevalecieron los magistrados conservadores,
se avaló la aplicación de la norma,
que el Ejecutivo anunció en agosto de
2019 y debía entrar en vigor en octubre
pero fue bloqueada por las cortes del
distrito de Nueva York, California, Washington,
Illinois y Maryland.
USCIS, en un comunicado, anunció
que aplicará la norma a partir del 24
de febrero en todo el país, excepto en
Illinois donde todavía una orden de un
tribunal federal mantiene en suspenso
la medida. “Bajo la nueva regla, USCIS
considerará todos los factores requeridos
por la ley, como la edad, la salud, el
ingreso, la educación y las capacitaciones
del inmigrante, entre otros, a fi n de
determinar si el extranjero podría convertirse
en el futuro una carga pública”,
indicó la agencia.
En diciembre pasado, dos tribunales
de apelaciones en decisiones separadas
habían rechazado los fallos de las cortes
de California, Washington y Maryland
en contra de la normativa promovida
por la Administración de Donald
Trump. Según la directora adjunta de
la organización America’s Voice, Pili Tobar,
la decisión del Supremo confi rma
que la “inmigración en la América de
Trump” es “solo para los ricos”.
La polémica norma establece que
un migrante legal será defi nido como
“carga pública” si recibe “uno o más benefi
cios públicos designados” durante
más de 12 meses en un periodo de tres
años. Estos benefi cios incluyen asistencia
alimentaria, vales de ayuda de
vivienda y programas que subsidian
el elevado costo de los medicamentos
en Estados Unidos, entre otros.
En aplicación de la norma, las autoridades
podrán determinar si el migrante
puede convertirse en un momento
dado o se ha convertido en una
“carga pública” para la Administración;
es decir, si “depende principalmente”
de la asistencia de los fondos públicos
para subsistir, y luego cancelar su
estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora
de la tarjeta de residente permanente
o de algún tipo de visado
conseguido por la vía legal podría ver
afectada su situación en el país en caso
de no poder mantener su economía
personal sin ayudas públicas. La medida
no afecta a los refugiados, asilados
y víctimas de violencia doméstica
y tráfi co de personas que residen en
Estados Unidos.
(Foto: EFE)
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