24 DE OCTUBRE 2019 • 9
Instan a inmigrantes a no tener miedo e
informarse en el tema de “Carga Pública”
Por: Sandra Pizarro Torres
elcorreo@qns.com “Los temas legales son tan
importantes, las personas
no pueden basarse en lo
que les dicen los demás, o el vecino.
Cada caso es diferente. Cada persona
debe buscar ayuda legal”, destacó
Keiko Cervantes-Ospina, abogada de
la organización Defensores legales comunitarios
de NY (Community Legal
Advocates of NY) y una de las cuatro
panelistas que hablaron en vivo para
nuestra publicación hermana, Noticia,
sobre el polémico tema de “carga
pública” el jueves 17 de octubre.
Junto a ella también participaron de
la conversación exclusiva: Cheryl Keshner,
paralegal de Empire Justice Center;
Victoria Hernández, organizadora de
SEPA Mujer y Osman Canales, director
de servicios en español del Centro de
Long Island por una Vida Mejor, Inc.
(Long Island Center for Independent
Living, Inc.- LICIL), quienes dejaron un
mensaje en claro: “Las personas no deben
temer ante los cambios propuestos
por la Administración Trump en cuanto
a los benefi cios públicos”.
“La nueva medida fue paralizada por
dos jueces federales que emitieron una
orden de infl uencia nacional para evitar
la entrada en vigor el 15 de octubre
de la ley referente a la carga pública”,
dijo la abogada Cervantes-Ospina. Sin
embargo recalcó, que a la hora de ajustar
la residencia siempre el gobierno
de los Estados Unidos observa que las
personas no se vayan a convertir en
una “carga pública” para el país, y que
eso no solo lo determinan las ayudas
que recibe, sino también si tiene buena
salud, si trabaja, si sabe inglés, entre
otros factores que son analizados en
casos independientes.
“La gente debe saber que la ley de
carga pública siempre ha existido pero
solo consideraba asistencia en efectivo
como TANF, SSI o Medicaid (no
por emergencia). El gobierno quiso implementar
en esta norma los Cupones
por Alimentos (SNAP) y la Sección 8”,
explicó.
Miedo a pedir benefi cios
Para Keshner aunque la ley fue detenida,
aún se percibe temor dentro de los
inmigrantes. “La orden está detenida y
las personas que lo necesitan pueden
seguir aplicando para benefi cios porque
no les va a afectar. De igual manera,
hay equivocación con el tema del WIC
(benefi cios para mujeres y niños), este
benefi cio es estatal y no afecta en un
futuro a las personas que quieran ajustar
un estatus legal”, recalcó.
Keshner también insistió que los inmigrantes
que necesiten ir al hospital,
al médico y aplicar para un Medicaid
de emergencia, lo pueden hacer porque
no afectaría en un futuro su legalización.
“El Medicaid de emergencia no
cuenta en este cambio, aunque procediera”,
indicó.
Por su parte, Canales agregó que “las
personas no deben tener miedo de ir
al departamento de servicios sociales
a pedir ayuda o benefi cios, ellos no
pueden por ley compartir información
con ningún otro departamento, ni con
inmigración”, recalcó.
A su vez, Victoria Hernández, organizadora
de SEPA Mujer afi rma que desde
un principio su organización ha trabajado
para educar a la comunidad ante
este tema de carga pública y además
fi rmar cartas que presionen al gobierno
a desistir de estos cambios, pero se
han encontrado con una comunidad
confundida ante el asunto. “Sin entrar
los cambios en vigor las personas ya estaban
asustadas, ya no querían o quieren
aplicar para benefi cios por temor a
que el día de mañana sean rechazados
para una residencia, y ese miedo continúa”,
declaró.
Hijos ciudadanos
tienen derechos
“Tenemos en la comunidad familias
con estatus legales variados, pero el
caso del padre no afecta al hijo ciudadano,
ni lo que benefi cie al hijo afecta
la legalización del padre”, enfatizó
la abogada Cervantes-Ospina. Según
estos especialistas en trabajo comunitario,
los padres se están limitando de
pedir ayuda para sus hijos por la idea
equivocada de que ellos se afectarían,
olvidando que los ciudadanos tienen
todo el derecho de pedir benefi cios federales
y estatales.
“Como director de servicios en español,
nosotros ayudamos a las personas
a aplicar para benefi cios y desde que se
empezó a mencionar el tema de carga
pública, algunos casos de padres con
hijos ciudadanos manifestaron tener
miedo y querer cortar los cupones de
alimentos o el Medicaid de su hijo para
que no le afecte a ellos”, señaló Canales.
LOCAL
(Foto: Noticia)
De izq. a der.: Keiko Cervantes-Ospina, abogada de Community Legal Advocates of NY; Cheryl Keshner, paralegal de Empire Justice
Center; Victoria Hernández, organizadora de SEPA Mujer; y Osman Canales, director de Servicios en Español en LICIL.
Buscar ayuda adecuada
Aunque los cambios en la norma de carga pública están detenidos
por ahora, el gobierno de EE.UU. va a apelar, la respuesta
puede ser rápida o tomar tiempo, pero el consejo fi nal de los
especialistas es que las personas que tienen dudas busquen
asesoría legal o apoyo de organizaciones comunitarias.
“Es más confi able por la guía de las organizaciones comunitarias
porque nosotros estamos en comunicación constante y
podemos saber quién lo ayude”, dijo la activista Hernández.
“Hay abogados que abusan de la comunidad latina y es importante que
la gente busque la ayuda indicada”, resaltó Canales.v “Estamos para
ayudarlos, ese es nuestro objetivo, las personas se pueden comunicar
con nosotros y ser orientadas de una manera honesta”, remarcó Keshner.
“Cada persona debe informarse con alguien que tiene una reputación
ética y ver lo que es mejor para ellos, porque una sola cosa puede cambiar
por completo el trámite legal de una persona”, puntualizó la abogada.
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