27 DE FEBRERO 2020 • 9
Norma de ‘Carga Pública’ de Trump
afecta a familias inmigrantes
Por: Redacción
Lelcorreo@qns.com legó el día que muchas familias
inmigrantes temían. Desde el
24 de febrero el Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados
Unidos (USCIS, por sus siglas en
inglés) implementó la regla fi nal de
Inadmisibilidad por Motivos de Carga
Pública en todo el país, incluso en el
estado de Illinois, el cual había sido
excluido inicialmente debido a un
proceso judicial estatal.
La polémica norma de “Carga Pública”
impulsada por la política anti inmigrante
de la Administración Trump permitirá
rechazar los permisos de residencia
a aquellos inmigrantes legales que reciban
benefi cios públicos durante más de
12 meses en un período de 3 años. Estos
benefi cios públicos incluyen asistencia
alimentaria, vales de ayuda de vivienda
y programas que subsidian el elevado
costo de los medicamentos, entre otros.
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo
de EEUU emitida el 21 de febrero
(con votación de 5-4), que deja sin
efecto el mandato judicial preliminar
del Tribunal de Illinois que impedía la
implementación de la regla fi nal en
dicho estado, USCIS ahora aplicará la
regla fi nal a todas las solicitudes y peticiones
mataselladas (o emitidas electrónicamente)
en o después del 24 de
febrero de 2020.
Para las solicitudes y peticiones enviadas
a través de mensajería comercial
(por ejemplo, UPS, FedEx y DHL),
la fecha del matasellos será la fecha
que indica el recibo del servicio de
mensajería.
Extranjero inadmisible
La regla fi nal, publicada el 14 de agosto
de 2019 y programada originalmente
para entrar en efecto el 15 de octubre
de 2019, había sido bloqueada en ese
mismo mes de octubre por las cortes
de distrito de Nueva York, California,
Washington, Illinois y Maryland.
Esta norma indica cómo el Departamento
de Seguridad Nacional
determinará si un extranjero es inadmisible
e inelegible para ajustar su
estatus al de residente permanente
en EE.UU, debido a la probabilidad de
que dicho extranjero se convierta en
una carga pública en algún momento
futuro, de acuerdo con la sección
212(a)(4) de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad.
La regla fi nal también atiende la autoridad
que tiene USCIS para expedir
fi anzas por concepto de carga pública
en el contexto de las solicitudes de
ajuste de estatus.
Finalmente, la carga pública incluye
un requerimiento de que los extranjeros
que desean obtener una extensión
de su estadía de no inmigrante o
cambiar su estatus de no inmigrante
demuestren que no han recibido benefi
cios públicos por encima del límite
establecido desde que obtuvieron el
estatus de no inmigrante que desean
extender o cambiar.
Green Card en peligro
Además, la norma de “Carga Pública”
apunta a reducir la cantidad de inmigrantes
legales a los que se les permite
ingresar y residir en Estados Unidos al
facilitar el rechazo de las solicitudes de
“green card” (como se conocen los permisos
de residencia permanente) o de
algunos visados.
Así, las autoridades estadounidenses
podrán determinar si el inmigrante puede
convertirse en un momento dado o
se ha convertido en una “Carga Pública”
para el Gobierno -es decir, si “depende
principalmente” de la asistencia de los
fondos públicos para subsistir-, y luego
cancelar su estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora
de la tarjeta de residente permanente
o de algún tipo de visado conseguido
por la vía legal podría ver afectada su
situación en el país, en caso de no poder
mantener su economía personal
sin ayudas públicas.
La medida “Carga Pública” no afecta
a los refugiados, asilados y víctimas de
violencia doméstica y tráfi co de personas
que residen en EE.UU.
LOCAL
(Foto: EFE)
Desde el 24 de febrero USCIS implementa la regla fi nal de Inadmisibilidad por Motivos
de Carga Pública.
Concejo de la Ciudad quiere ampliar el
“derecho a una defensa” de inquilinos
LPor: Mark Hallum os legisladores que buscan ampliar
y reforzar un proyecto de
ley histórico de 2017 que da a los
inquilinos de la ciudad de Nueva York
acceso universal a una defensa en el
tribunal de vivienda, se reunieron en
el Ayuntamiento el lunes y celebraron,
posteriormente, una audiencia para
centrarse en su viabilidad.
Los concejales que apoyan el proyecto
de ley dicen que la ley de “derecho a
un defensa” ha tenido tanto éxito que
justifi ca la expansión a través de un
nuevo paquete de proyectos de ley que
se denominan “Derecho a una defensa
2.0”, ya que 28.000 familias fueron expulsadas
de sus hogares en 2018.
La concejala Vanessa Gibsson afi rma
que a pesar de las sombrías cifras, ha
habido una disminución de desalojos
en un 30% y una disminución del 15%
en casos presentados por propietarios
contra los inquilinos.
El concejal Mark Levin, junto con
Gibson, forman parte del Comité de
Vivienda que escuchó el testimonio
público con un apoyo abrumador para
los proyectos de ley.
“Sólo tiene sentido que lo aumentemos”,
dijo el defensor del pueblo Jumaane
Williams. “El dólar no rinde en
la ciudad de Nueva York como lo hace
en otros lugares.”
En la actualidad, la Ofi cina de Justicia
Civil de la ciudad proporciona a los
hogares un 200% por debajo del umbral
de pobreza federal, el equivalente anual
de 50.000 dólares para una familia de
cuatro personas. Los dos nuevos proyectos
de ley ampliarán la elegibilidad
del 200 al 400%.
El juez Jonathan Lippman, conocido
por su trabajo como jefe de la Comisión
Lippman para proporcionar recomendaciones
para el cierre de Rikers Island,
dijo que el derecho a un abogado pone
a la ciudad de Nueva York por delante
del país, en el equilibrio de la justicia
no sólo para los trabajadores pobres,
sino para la clase media.
“Toda mi vida ha sido de justicia...
Creo que el proyecto de ley sobre el
derecho a una defensa representa la
mayor ganancia para la justicia en una
generación”, dijo Lippman. “Redujimos
las entradas al sistema de refugios con
este proyecto de ley”.
Los partidarios del proyecto de ley
se reunieron en las escaleras del Ayuntamiento
antes de la audiencia en la
que la concejala Carlina Rivera dijo que
apoyaría el proyecto debido a que la
base de su distrito del Lower East Side
es una de las comunidades más afectadas
por el aburguesamiento. Mencionó
que la ampliación del proyecto
de ley era consistente con sus promesas
de campaña para hacer frente al
desplazamiento.
Lippman señaló el derecho constitucional
a una defensa, argumentando,
que los casos civiles como las disputas
entre propietarios e inquilinos dejan
a muchos sin representación en los
tribunales.
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